El Departamento deDesarrollo Económico y Comercio (DDEC) defendió hoy ante la Comisión deInnovación, Reforma y Nombramientos del Senado de Puerto Rico unatransformación profunda del sistema de planificación y permisos, al presentaruna ponencia de 35 páginas argumentativas en torno a los Proyectos del Senado1173 y 1183 en la que sostuvo que Puerto Rico enfrenta un problema estructuralque no admite respuestas parciales, y que requiere un rediseño completo delmarco normativo, institucional, tecnológico y operativo que rige el desarrollo,el uso de terrenos y la operación de negocios en la Isla.
En su comparecencia, elsecretario del DDEC, Sebastián Negrón Reichard, planteó que el P. del S. 1183constituye la primera propuesta de escala proporcional a la magnitud delproblema, al consolidar en un solo instrumento un sistema hoy disperso en decenasde leyes, reglamentos e instrumentos administrativos que han producidoduplicidad, discreción excesiva, incertidumbre jurídica, demoras incompatiblescon la actividad económica y una experiencia profundamente adversa paraciudadanos, comerciantes, emprendedores e inversionistas. Además, hizo unllamado a que el proceso legislativo esté a la altura del momento histórico,proponiendo la convocatoria inmediata de mesas de trabajo técnicas que permitanidentificar, con rigor y sin posturas fragmentadas, los espacios deconvergencia entre el P. del S. 1183 y el P. del S. 1173, y avanzar hacia unapropuesta integrada que responda con coherencia a un problema que por décadasha sido atendido de forma dispersa.
“Es un hecho que vengo a defender esteproyecto con convicción, pero no con la obstinación de tener un instrumentoperfeccionado en su totalidad. Lo defiendo sobre todo como la vía más completasobre la cual cabrían mejoras y donde hay espacio para integrar mucho de lo quecon inteligencia y atino puede estar propuesto en otros proyectos pendientes.La anatomía legal del proyecto permite que se convierta en un instrumentoómnibus en el que cabría incluir soluciones como las propuestas en el P. del S.1173”, declaró el secretario en su memorial.
El DDEC sostuvo que el Código de Planificación y Permisos, cumple con elPrograma de Gobierno que está ejecutando la gobernadora Jenniffer González y suadministración. Este proyecto es el resultado del diagnóstico institucionalrealizado por el Task Force que creó lamandataria, para la Simplificación del Sistema de Permisos, al firmar la OrdenEjecutiva 2025-002, el cualidentificó fallas de carácter estructural y sistémico entre las que destacan unandamiaje legal excesivamente fragmentado, procesos largos y uniformes que nodistinguen entre proyectos simples y complejos, integración incompleta del Single BusinessPortal, limitaciones severas de capital humano y un modelo defiscalización concentrado en controles preventivos excesivos, en lugar desupervisión efectiva posterior al otorgamiento de permisos.
La ponencia detalla que elmarco vigente opera con más de 45 leyes y decenas de reglamentos concompetencias superpuestas, además de 46 instrumentos legales y administrativosque inciden directa o indirectamente sobre las solicitudes de permisos. En materiade planificación territorial, el memorial señala la coexistencia de 70distritos de calificación vigentes, muchos de ellos provenientes deinstrumentos divergentes y filosofías regulatorias inconsistentes entre sí, loque ha agravado la ambigüedad normativa y la imprevisibilidad del sistema.
Cambio en enfoquefilosófico
En respuesta a ese cuadro,el DDEC defendió un reenfoque filosófico del rol del Estado para pasar de unmodelo basado en sospecha, validaciones sucesivas y discreción incierta, a unocentrado en criterios objetivos, términos adjudicativos vinculantes, trazabilidaddigital, delimitación clara de competencias y fiscalización robusta conconsecuencias reales por incumplimiento. La medida, según la ponencia, rediseñala arquitectura institucional completa del sistema.
Entre los cambiosprincipales expuestos por el DDEC figuran la permanencia de la OGPetransformada en una Oficina Central de Permisos como eje operativo único deadjudicación; la asignación al DDEC de la custodia del marco normativo y lapreparación del Reglamento Único; la creación de un sistema digital obligatorioy exclusivo para todo trámite; la integración de métricas de desempeño; unaseparación más clara entre planificación, adjudicación y fiscalización; y laincorporación de profesionales acreditados y cualificados bajo parámetrosdefinidos, supervisión institucional y responsabilidad disciplinariaescalonada.
Además, el proyectoincorpora mecanismos correctivos concretos frente a la inacción administrativa,incluyendo la continuación del trámite sin recomendaciones tardías, avisosobligatorios de deficiencia antes de denegar, subrogación ante la Junta de RevisionesAdministrativas y recurso de mandamus judicial.
Planificación y ambiente
En materia de planificaciónterritorial, el DDEC defendió que el nuevo Código corrige un defecto medulardel sistema actual en cuanto a la desconexión entre planificación, datosterritoriales y permisos. Para ello, propone una jerarquía clara de instrumentosintegrada por un Plan de Desarrollo Económico Integral, un Plan de Uso deTerrenos y los Planes de Ordenación Territorial, bajo una lógica dinámica,revisable y basada en datos. La medida incorpora además tres vías diferenciadaspara enmendar el mapa de zonificación según la naturaleza del cambio; crea elInstrumento Prospectivo para adelantar política pública territorial antes deformalizarla cartográficamente; y otorga supremacía normativa al geodatooficial y a una Delimitación Oficial Base para el litoral, como respuesta adécadas de ambigüedad cartográfica, conflictos regulatorios y litigios sobrezonificación y zona marítimo-terrestre.
En el componente ambiental,la ponencia rechaza la noción de que proteger el ambiente y agilizar permisossean objetivos incompatibles. “Hay una narrativa que quisiera desmantelar... Se trata de la idea de queproteger el ambiente y agilizar los permisos son objetivos en conflicto. Esanarrativa no solo es incorrecta; es precisamente el tipo de falsa dicotomía queha servido de excusa para mantener un sistema que no protege bien el ambienteni sirve bien al ciudadano”, enfatizó el secretario para poco después añadir que “Puerto Rico hoy no cuenta con un sistemade permisos que garantice protección ambiental; cuenta con burocraciadisfrazada de protección ambiental.”
El DDEC propone sustituiresa lógica por una evaluación proporcional al impacto real, con tres víasdiferenciadas: exclusiones categóricas, evaluaciones ambientales ydeclaraciones de impacto ambiental para los casos de efectos significativos. Elmemorial enfatiza que el nuevo diseño fortalece la fiscalización ambiental alseparar con mayor claridad la función evaluadora de la función fiscalizadora,mantener al DRNA como ente de monitoreo y cumplimiento, reforzar la protecciónde hábitats críticos y establecer un régimen más claro para patrimonioarqueológico, áreas de protección especial y delimitación del litoral.
“Puerto Rico hoy nocuenta con un sistema de permisos que garantice protección ambiental; cuentacon burocracia disfrazada de protección ambiental.”
Impacto económico ycosto de vida
El DDEC dedicó una partesustancial de su memorial al impacto económico del sistema actual y alpotencial transformador del Código y planteó que los permisos son una variablemacroeconómica que incide directamente sobre el costo de vida, la inversión y elempleo. El memorial recoge que los procesos de permisos pueden representarentre 10% y 30% del costo total de desarrollo de un proyecto de vivienda; queen 2024 solo se financiaron 744 viviendas nuevas en toda la Isla; que el preciopromedio de vivienda nueva aumentó de $318,762 en 2023 a $398,694 en 2024; yque el índice de asequibilidad se redujo a 53%, reflejando que la familiapromedio solo cuenta con poco más de la mitad del ingreso necesario paracualificar para una hipoteca.
La ponencia también señalaque actualmente existen 912 proyectos de construcción residencial pendiente depermisos, con un tiempo promedio de espera de 431 días, lo que representa $185millones en inversión detenida, 1,600 empleos directos que no han comenzado ycerca de 6,400 empleos totales que la economía deja de generar. El DDECargumenta que reducir la incidencia del componente de permisos sobre el costode construcción puede significar ahorros sustanciales por unidad de vivienda yun alivio agregado de cientos de millones de dólares en costos que hoy terminantrasladándose al consumidor.
La argumentación económicadel memorial extiende ese análisis a la atracción de inversión, destacando queel capital prioriza certeza regulatoria y procesos predecibles. La ponenciaseñala que, según los datos citados por la agencia, un proyecto típico puedeincurrir entre $15,000 y $30,000 mensuales en intereses durante su espera porpermisos. Multiplicado por los cientos de proyectos residenciales detenidos,ello representa un costo financiero acumulado de enorme magnitud que terminaincorporándose al precio de la vivienda, al costo de un local comercial o alpresupuesto de una inversión industrial.
“Ese costo no desaparece;se traslada. Es, en efecto, un impuesto invisible que nadie vota, pero quetodos pagan.”
Viabilidad fiscal
La ponencia tambiénargumenta que una reforma de esta envergadura es fiscalmente viable e incluyecon un análisis detallado un costo estimado inicial de implementación de $6.9millones para el primer año, distribuido entre transformación institucional, modernizacióntecnológica y gobernanza del proceso de implantación. Según el memorial, laestructura de financiamiento propuesta permitiría sufragar esa inversión sinasignaciones extraordinarias al erario, utilizando recursos del propio sistemade permisos, incluyendo ingresos que ya se generan, pero exceden la autoridadpresupuestaria actualmente aprobada. El documento sostiene además que laconsolidación de funciones, la reducción de duplicidades, el aumento enrecaudos por actividad económica desbloqueada y la disminución de litigiosproducirían beneficios fiscales directos que complementan y superan el costo deimplementación.
Mesa de trabajo parareconciliar medidas
En cuanto al P. del S. 1173,el memorial del DDEC no lo aborda como una medida antagónica, sino como unapropuesta con puntos de convergencia importantes y aportaciones que podríanfortalecer el producto final. La ponencia identifica coincidencias sustantivasentre ambos proyectos, incluyendo la proporcionalidad del riesgo como principiorector, el desplazamiento de procesos uniformes por criterios objetivos, lapreferencia por fiscalización posterior en lugar de control preventivoexcesivo, la ventanilla única, la naturaleza in rem de los permisos, laevaluación ambiental proporcional, la eliminación de certificaciones previascomo requisito de trámite y la protección de permisos de uso residenciales sinfecha de expiración.
Negrón Reichard propusoformalmente desde el inicio de su ponencia que la Comisión convoque conurgencia una mesa de trabajo técnica que permita reconciliar ambas medidas enun marco común. “El P. del S. 1173 y el Código no son rivales; son los dospilares de lo que puede ser la transformación normativa más significativa endécadas para nuestra economía, nuestra vivienda y nuestra gente”, expuso.
El DDEC identificódisposiciones del P. del S. 1173 que entiende plenamente compatibles eintegrables, como la prohibición anti fraccionamiento ambiental general, lafijación en ley de la vigencia del permiso de construcción y ciertos factoresobjetivos para determinar qué trámites son ministeriales, incluyendo elementosdel historial del catastro y los colindantes. La ponencia también reconocevalor en varias de las rutas procesales propuestas en el P. del S. 1173 paracasos ministeriales y discrecionales, aunque plantea áreas puntuales querequieren calibración adicional para evitar incertidumbre, vetos de terceros origideces excesivas.
El secretario del DDECconcluyó su ponencia reiterando que Puerto Rico no puede seguir atendiendo unode los principales frenos a su desarrollo mediante intervenciones inconexas, yque el momento exige una respuesta con la escala, profundidad y madurezinstitucional que el problema reclama.
“Puerto Rico ha esperadosuficiente. El instrumento está listo. El equipo está listo. La pregunta quequeda es si esta generación de servidores públicos tendrá el coraje colectivode responder a ese llamado con la altura que el momento exige.”
